La presión del Parlamento europeo y de la extrema derecha surtió efecto. Bruselas retirará su proyecto de ley contra el “greenwashing”, es decir su iniciativa para evitar información engañosa o inexacta por parte de las empresas con respecto a sus acciones ecológicas. Un portavoz de la Comisión Europea confirmó anoche que las medidas destinadas a combatir ese fenómeno corporativo quedan fuera del paquete legislativo, sin dar detalles sobre el cómo o el porqué de esta marcha atrás. Es decir que, con respecto a la ecología, los europeos bailan una danza muy conocida desde siempre: un pasito para adelante, y otros tantos para atrás.
Este anuncio se suma a una serie de retrocesos recientes en otras iniciativas del pacto, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que vio limitado su alcance debido a la adopción de los llamados documentos “ómnibus” legislativos. El retroceso se produjo después de una queja por escrito que hizo el Partido Popular Europeo (el PPE del alemán Karl A. Lamers) y el grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR) (liderado por los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni) por “obstaculizar injustificadamente la comunicación sobre sostenibilidad”.
La propuesta se presentó inicialmente en marzo de 2023 como parte del Pacto Verde. La medida era la última de una serie de retrocesos en las principales iniciativas del acuerdo, después de que los llamados documentos “ómnibus”, destinados a simplificar la legislación de la UE. La idea era reducir el alcance de medidas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). Pero todo quedó en la nada. La decisión se produjo cuando, por razón de costos derivados de políticas climáticas, las empresas trasladan su producción a otros países.
Mentime, que me gusta
El anuncio se produjo días antes de una reunión final entre la presidencia polaca del Consejo de la UE y los eurodiputados, prevista para el próximo lunes, donde se esperaba dar luz verde a la propuesta antes de su adopción formal. Su retirada a estas alturas fue una sorpresa para muchos, inclusive para los propios negociadores.
El portavoz comunitario de Medioambiente explicó que ”las discusiones actuales (...) van en contra de la agenda de simplificación de la Comisión, especialmente en lo que respecta a las microempresas”. En su estado actual, la normativa afectaría a “30 millones de microempresas”, aseguró, y esto “desvirtuaría la propuesta de la Comisión de tal forma que impediría alcanzar los objetivos perseguidos, es decir, fomentar el desarrollo de los mercados ecológicos evitando imponer cargas indebidas a las empresas más pequeñas”.
El contexto político no pasa desapercibido. En pleno 2025, con elecciones europeas a la vista y la Comisión liderada aún por Úrsula von der Leyen, el retroceso en políticas verdes puede interpretarse como un gesto hacia sectores conservadores o industriales que presionan por una ralentización de la transición ecológica.
A las preguntas de los periodistas, los funcionarios de la Comisión optaron por el oscurantismo al declinar dar razones de la decisión. Según fuentes parlamentarias, los negociadores principales (la eurodiputada socialista Delara Burkhardt y el eurodiputado liberal Sandro Gozi) pretenden continuar avanzando con la iniciativa con el equipo de la presidenta Von der Leyen el lunes. No está claro si la decisión de retirar la propuesta fue adoptada formalmente por el Colegio de Comisarios, la reunión semanal de los 26 comisarios y la presidenta de la UE, pese a la presencia de pesos pesados con posturas ecológicas fuertes como la vicepresidenta Teresa Ribera.
Mucha Comisión y poca decisión
Más allá del impacto legislativo inmediato, la medida plantea cuestiones más amplias sobre la autoridad de la Comisión para retractarse de sus propias propuestas. Aunque los tratados de la UE no otorgan explícitamente ese poder, una sentencia de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que la Comisión puede retirar propuestas como parte de su derecho de iniciativa. Sin embargo, el Tribunal también había dejado en claro que este poder es limitado y está sujeto a restricciones sustantivas y de procedimiento. La sentencia subraya que la retirada solo debe producirse en casos justificados, como un bloqueo institucional o la obsolescencia de la propuesta. Ninguna de las dos condiciones se da en el caso de la Directiva sobre Demandas Verdes, lo que hace temer que la Comisión se extralimite en sus funciones y altere el equilibrio institucional al ejercer un veto de facto sobre el proceso legislativo.
