En un golpe demoledor para el medio ambiente, el Gobierno argentino propueso el presupuesto más exiguo desde la aprobación de la Ley de Bosques en 2007, destinando apenas el 3,5% de lo exigido por la norma. Esto equivale a solo 15.843 millones de pesos para el Fondo Nacional de Bosques, más 1.624 millones para el Programa de Protección, cuando la ley manda un mínimo de 444.207 millones —el 0,3% del presupuesto nacional total—. El resultado: un desfinanciamiento catastrófico que acelera la destrucción de más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos, equivalentes al 18% del territorio nacional perdido en los últimos 40 años por deforestación rampante, con pérdidas acumuladas de 10,5 millones de hectáreas desde 1985 hasta 2025.
Imagínese esto: con estos fondos miserables, cada hectárea de bosque recibiría apenas 298 pesos al año, o sea, 24 pesos mensuales para su vigilancia y restauración. Es como pretender defender un tesoro nacional con monedas sueltas. Históricamente, el financiamiento nunca ha superado el 10% de lo requerido; en 2025, por ejemplo, se asignó solo el 2,5% —9.090 millones contra los cientos de miles de millones necesarios—, mientras que en 2011 ya se criticaba un presupuesto insuficiente que apenas rozaba el 5%, perpetuando un ciclo de negligencia que ha costado al país 5,4 millones de hectáreas entre 1990 y 2010 a un ritmo anual del 0,78%, y otros 7 millones de hectáreas de cobertura arbórea desde 2001 hasta 2024, uno de los índices más altos en Sudamérica.
La deforestación no es solo un drama ecológico: es una bomba económica. En 2024, el norte argentino vio evaporarse 254.000 hectáreas nationwide —un salto del 34% respecto a 2023, cuando se perdieron 126.149 hectáreas en el norte, a su vez un incremento desde las 119.805 hectáreas de 2022—, con focos devastadores como 54.123 hectáreas en Santiago del Estero y 39.182 en Chaco. Solo en los primeros seis meses de 2025, 31.000 hectáreas desaparecieron en dos provincias, y en una sola ya suman 11.000 este año. El 76% de estos desmontes son ilegales, impulsados por la expansión agropecuaria, forestal y urbana, que devoran terrenos a pesar de prohibiciones estrictas. Casos como el de Algoservicio S.A., que arrasó casi 50 hectáreas de máxima protección en el norte de Santa Fe, ilustran la impunidad reinante. Retrocediendo, entre 1998 y 2023 se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques nativos, y en el Gran Chaco solo en 2024 cayeron 149.649 hectáreas, agravado por incendios que en 2022 consumieron 95.000 hectáreas en Salta y 25.000 en Jujuy.
Números que duelen
Pero los números duelen aún más al desglosar el valor económico de estos bosques. Generan servicios ecosistémicos vitales valuados en miles de millones: regulan ciclos hídricos que previenen inundaciones —cuyas pérdidas anuales superan los 422 millones de dólares en Sudamérica por deforestación similar, y en Argentina causan daños promedio de 1.400 millones de dólares al año en activos—, secuestran carbono equivalente a 7.500 dólares por hectárea en mercados internacionales, y sostienen economías locales con alimentos, medicinas y materias primas. En provincias como Misiones o Chaco, representan hasta el 1,2% del PIB regional anual, apoyando a comunidades indígenas y rurales que dependen de ellos para su supervivencia. Su destrucción implica costos irreversibles: erosión de suelos que reduce la productividad agrícola en un 20-30% a largo plazo, fenómenos extremos que elevan gastos en infraestructura por cientos de millones, y la pérdida de biodiversidad que alberga miles de especies, impactando industrias como la apicultura sostenible, valorada en 10-15 mil dólares por hectárea preservada. A escala nacional, los bosques nativos contribuyen a un valor ecosistémico estimado en torno a los 900.000 millones de dólares anuales, proporcional al total de 15,3 billones de dólares para toda América Latina.
Sin fondos adecuados, las provincias quedan maniatadas: imposible fiscalizar desmontes ilegales, restaurar áreas incendiadas —que suman decenas de miles de hectáreas anuales— o crear un registro nacional de infractores para imponer sanciones efectivas. Año tras año, este sub financiamiento crónico —que en 2022 permitió a Argentina recibir 82 millones de dólares internacionales por reducciones mínimas— revela una falta de voluntad política que pone en jaque compromisos globales.
Los políticos lo miran por la TV
El país aspira a la carbono neutralidad en 2050, alineado con el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica, pero con estos recortes, la deforestación podría escalar un 6,2% más anualmente como en 2023, evaporando oportunidades de financiamiento verde y exponiendo a la economía a multas internacionales por incumplimientos. Proyecciones alarmantes indican que, sin intervención, Argentina podría perder hasta 4 millones de hectáreas adicionales para 2030 a un ritmo del 0,8% anual, generando emisiones forestales que superen los 47 millones de toneladas de CO2 equivalente al año —como en 2018—, y acumulando pérdidas económicas del 2,78% del PIB para 2050 por degradación ambiental, escalando al 8,17% para 2100, con sequías devorando el 4% del PIB anual y forzando inversiones masivas en resiliencia.
Los bosques no son un lujo: son el pulmón que mitiga el cambio climático, filtra agua potable para millones y previene desastres que cuestan fortunas. Su desaparición genera impactos sociales y económicos devastadores, desde migraciones forzadas en comunidades dependientes hasta pérdidas en el PIB nacional que podrían ascender a miles de millones anuales si no se actúa. Conservarlos no es opcional; es una inversión rentable que genera retornos en salud, bienestar y estabilidad económica. El Congreso debatirá este presupuesto en las próximas semanas. Si no se corrige este desfalco ambiental, el futuro de nuestros bosques —y con ellos, el de la nación— pende de un hilo.
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