Hace apenas unas horas, en un patio de Pergamino, un nene de ojos grandes y piel irritada corría detrás de una pelota. El viento venía cargado desde los lotes de soja y, sin que él lo supiera, le dejaba en la cara una fina película de glifosato. No es un cuento: es la tarde de cualquier día en los barrios Villa Alicia, La Guarida o Luar Kayad.
En 2019 cuatro personas cruzaron la línea que nadie debía cruzar. El 19 de octubre, en un lote de Juan A. de la Peña, José Luis Grattone –ingeniero agrónomo de 52 años, con años de experiencia en el agro y que en 2025 sigue arrendando campos en la zona para cultivar soja y maíz– y Cristian Taboada –operador de maquinaria rural de 38 años, que maneja pulverizadoras desde hace una década– dirigieron una fumigación terrestre con una mezcla de herbicidas: glifosato, dicamba, clorsulfuron y metsulfuron metil. Lo hicieron a solo 90 metros de la Escuela N° 19 y el Jardín de Infantes N° 920, violando la ordenanza municipal N° 8126/14 que exige al menos 100 metros de distancia, y una medida cautelar judicial del 30 de agosto de ese año que amplía la zona de exclusión a 1.095 metros para aplicaciones terrestres. Un vecino grabó el momento en video, la policía y el municipio levantaron actas in fraganti, y análisis del INTA Balcarce en el suelo confirmaron la presencia de esas sustancias tóxicas, catalogadas como residuos peligrosos por la Ley 24.051.
Tres semanas después, el 10 de noviembre, en Francisco Ayerza –a 820 metros del casco urbano–, los hermanos Carlos Daniel Sabattini (de 55 años, productor rural con chacras en la zona desde los 90) y Hugo Ariel Sabattini (de 48 años, su socio en los lotes familiares) ordenaron otra fumigación en su predio arrendado. Usaron glifosato, atrazina, imazetapir, metribuzin y metalaxil, sin receta agronómica ni notificación previa, y sin respetar los resguardos. El casero de la Cooperativa Eléctrica, cuya casa está a metros del lote, denunció el olor y el humo que invadía todo; actas municipales y pericias del INTA volvieron a detectar los compuestos en muestras de suelo y agua cercana.
La justicia los procesó a los cuatro como coautores del delito de "contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados como peligrosos". El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, lo resolvió en julio de 2020, basándose en que pusieron en riesgo directo a cientos de vecinos –especialmente niños– al exponerlos a deriva de agrotóxicos que la OMS clasifica como probablemente cancerígenos o disruptivos hormonales. No se acreditó un daño concreto en ese momento, pero el delito es de peligro abstracto: basta con la imprudencia y el riesgo potencial, probado por los informes científicos que muestran genotoxicidad en la zona. La Cámara Federal de Rosario rechazó las apelaciones de las defensas en julio de 2024, confirmando todo, y en octubre de ese año el fiscal Matías Di Lello pidió elevar la causa a juicio oral. Cada uno lleva un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes, y el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario maneja el expediente.
En 2025, con el juicio a la vuelta de la esquina, el municipio y productores grandes pidieron bajar las distancias a 100 metros bajo el pretexto de "buenas prácticas agrícolas", pero en agosto el fiscal general de Rosario, Federico Reynares Solari, lo rechazó, invocando el principio de precaución y el derecho al agua segura. Más de 20 testigos –madres con hijos asmáticos, abuelos con alergias crónicas– declararon cómo las noches se volvían irrespirables, y estudios independientes del INTA y la UNLP confirmaron glifosato en cuerpos y suelos.
Los números son sencillos y duros. Argentina vuelca al suelo seiscientos millones de litros de agrotóxicos por año: doce litros por cada uno de nosotros. En Pergamino se usan 650 toneladas de glifosato nada más. El agua de tres barrios tiene dieciocho sustancias diferentes, todas catalogadas como cancerígenas o disruptoras hormonales. La lluvia arrastra lo mismo: ocho de cada diez muestras dan positivo.
En Monte Maíz, a doscientos kilómetros, el cáncer infantil se cuadruplicó desde que llegó la soja transgénica. En Pergamino los chicos tosen un 25 % más que en cualquier otra ciudad, y cuando los médicos les hacen análisis encuentran entre seis y trece plaguicidas distintos en la sangre. El TDAH y el espectro autista aparecen en todos los que se estudian.
Las madres guardan los papeles:
- abortos espontáneos que treparon al 10 % en cinco años (la media nacional es 0,6 %);
- bebés que nacen con el corazón mal armado o sin cerrar la columna;
- Sabrina Ortiz, la cara visible de la denuncia, con 58 veces el límite permitido de glifosato en sangre y sus hijos con cien veces más.
El Hospital Garrahan recibe cada mes un niño de Pergamino con leucemia o malformación. El 55 % de sus camas oncológicas infantiles vienen de zonas fumigadas.
El costo no es solo lágrimas. Son setecientos millones de dólares al año en suelos que ya no sirven, napas que alimentan a 13 millones de personas y facturas médicas que se dispararon un 858 % desde los noventa.
Bayer-Monsanto, la empresa que fabrica el Roundup, ya pagó 9.700 millones de euros en juicios por cáncer en Estados Unidos. Aquí todavía discute si “baja toxicidad” alcanza como excusa.
Lo que sí cambió:
- Desde 2019 está prohibido fumigar a menos de 1.095 metros por tierra y 3.000 por aire.
- Santa Fe ya puso mil metros de distancia obligatoria.
- En Pergamino clausuraron 22 depósitos clandestinos de agroquímicos.
- Brotaron cuarenta huertas agroecológicas donde antes solo había soja.
Aún falta. Las madres piden tres cosas claras:
- Un kilómetro real de distancia entre el veneno y las casas.
- Análisis públicos de agua y aire cada tres meses.
- Dinero del Estado para que los productores chicos pasen a cultivos sin veneno.
No hace falta hablar de monstruos ni de cuchillos. Basta con mirar la foto de un nene que tose mientras juega y preguntarse si mañana va a poder seguir corriendo.
