Una vez más, la empresa señalada por el incendio intencional de Barracas en 2014 pierde todo su depósito en el polígono industrial de Spegazzini. ¿Casualidad o nueva quema de archivos sensibles? La pregunta queda flotando entre el humo tóxico que aún respiran los vecinos, mientras surge la sospecha de que se perdieron documentos clave de causas judiciales como ANDIS.
El voraz incendio que el 14 de noviembre arrasó el Polígono Industrial de Spegazzini no solo destruyó fábricas de fertilizantes, neumáticos y perfiles de aluminio. Entre las empresas totalmente consumidas por las llamas volvió a aparecer, como un fantasma que se niega a desaparecer, Iron Mountain, la misma compañía que en 2014 protagonizó la tragedia de Barracas donde murieron 10 bomberos y rescatistas tras un incendio que la Justicia determinó como intencional para eliminar documentación comprometedora.
Iron Mountain, una multinacional estadounidense fundada en 1951 en Boston y presente en Argentina desde el año 2000, se especializa en la gestión de información sensible: almacenamiento físico de documentos, custodia segura, destrucción controlada y respaldo digital de datos para empresas y organismos públicos. Con oficinas en Parque de los Patricios y depósitos en La Boca, Villa Lugano y –hasta hace poco– Barracas, la firma opera en 125 países y atiende a gigantes como Coca-Cola, Boeing y Oracle. Aproximadamente el 95% de las empresas Fortune 1000 confían en sus servicios, que incluyen centros de datos con más de 30 instalaciones en tres continentes y soluciones para la gobernanza de la nube. Sin embargo, su historial global es alarmante: en los últimos 27 años, ha sufrido siete incendios en depósitos alrededor del mundo, cinco de ellos intencionales, según peritajes judiciales y reportes independientes.
El depósito de Iron Mountain en Ezeiza, mudado recientemente al predio tras los incidentes en Barracas –incluyendo un segundo fuego en 2023 sin víctimas–, guardaba principalmente documentos de la administración pública nacional y provincial. Según declaró Rodolfo Weiss, titular de la Unión Industrial local, la estructura era “muy grande y muy endeble” y los bomberos decidieron dejarla arder para no poner en riesgo más vidas. El resultado: todo el archivo se convirtió en cenizas, con pérdidas estimadas en cientos de millones de pesos y más de mil puestos de trabajo afectados en el polígono. Fuentes judiciales revelan que entre los papeles destruidos había archivos clave de la farmacéutica Suizo Argentina, implicada en la causa ANDIS por presuntas coimas que salpican a figuras como Karina Milei. La coincidencia temporal con el avance de esa investigación ha encendido alarmas en el ámbito judicial y político, aunque por ahora no hay indicios de intencionalidad en el siniestro de Ezeiza, que se originó en la agroquímica Logischem.
Once años después del incendio de Barracas –donde un custodio desactivó la alarma temprana y peritos de la Policía Federal e INTI concluyeron el uso de acelerantes en múltiples focos, vinculados a maniobras de lavado de dinero en 29 clientes investigados–, la historia parece repetirse con una precisión inquietante. En 2014, la AFIP detectó maniobras sospechosas por 17,8 millones de dólares en la empresa, y la CNV halló coincidencias con denuncias por evasión fiscal, como las 4040 cuentas no declaradas de HSBC en Suiza. A pesar de procesamientos a 18 imputados –incluyendo directivos y exfuncionarios porteños por sobornos para habilitaciones irregulares–, el juicio oral sigue sin fecha, elevándose recién en abril de 2023 por la jueza Fabiana Palmaghini.
Esta vez no hubo víctimas fatales, pero sí decenas de vecinos con problemas respiratorios graves por inhalación de humo cargado de óxido de nitrógeno, nitrato de amonio y dióxido de azufre, contradiciendo las declaraciones del intendente Gastón Granados que aseguró en TN que “no hay riesgo tóxico en el aire”. El predio incendiado pertenece a Martín Rappallini, actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de otros tres parques industriales en Ezeiza. Su expansión en el distrito coincidió con los 28 años de gestión del clan Granados: primero Alejandro padre (1995-2023) y ahora su hijo Gastón, quien asumió en 2023 por Unión por la Patria.
Mientras los funcionarios aseguran que “todo estaba en regla” –y Granados destacó las “medidas de seguridad” de Iron Mountain, atribuyendo el daño a “mala suerte”–, el incendio expone nuevamente las graves fallas en los controles de seguridad de industrias de alto riesgo y la permeabilidad de los organismos de fiscalización ante el poder económico y político. Las pericias judiciales, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, podrían demorar hasta el lunes y no descartan ninguna hipótesis, aunque el foco inicial apunta a Logischem.
La Justicia ciega, selectiva y lenta: a 11 años y 9 meses del derrumbe que mató a los bomberos en Barracas –Facundo Ambrosi, Pedro Barícola, Sebastián Campos, Eduardo Conesa, Leonardo Day, Anahí García, Maximiliano Martínez, José Méndez, Juan Matías Monticelli y Damián Véliz–, el juicio oral sigue sin fecha. En Ezeiza, con menos muertos y menos cámaras, todo indica que el olvido llegará aún más rápido.
Los documentos que Iron Mountain que se quemaron esta vez, ¿pertenecían a qué organismos? ¿Quién autorizó su custodia? ¿Qué información ya nunca podrá conocerse, especialmente en causas como ANDIS?
Las cenizas aún están calientes. Y las preguntas también.
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