Un infierno tóxico en el corazón de Salta: 350 vacas muertas, un hombre agonizando un mes antes de morir, 20 hectáreas convertidas en zona cero y una petrolera quebrada que huyó dejando el desastre. El pozo abandonado llamado “Lomas de Olmedo X-10” vomita gases letales a presión, crea nubes venenosas que asfixian la selva y amenaza con un incendio apocalíptico.
En las profundidades del impenetrable salteño, a solo 69 kilómetros de Pichanal, late un monstruo olvidado. El pozo petrolero Lomas de Olmedo X-10, abandonado por la quebrada President Petroleum S.A., expulsa desde hace dos años un cóctel mortal de hidrocarburos, gases tóxicos y fluidos corrosivos que ya liquidó 350 cabezas de ganado (valor estimado superior a los 350 millones de pesos argentinos al precio actual del ternero), decenas de caballos, zorros, aves y hasta un ser humano. Esta localizado al norte de la provincia, en el departamento de Orán, a unos 260 km de la capital provincial. Pero el verdadero horror económico se desata como un tsunami silencioso: pérdidas que escalan a más de U$S 30 millones, sumando remediación ambiental, colapso de la productividad ganadera y un pasivo judicial que podría engullir presupuestos provinciales enteros.
President Petroleum era una empresa británica de capitales británicos que, hasta hace poco, era controlada por Peter Levine, quien la desvinculó de Molecular Energies y la incorporó a su fondo de inversiones personal, PLLG Investment. La empresa entró en concurso preventivo de acreedores y pidió su quiebra en agosto de 2025, y la operación de algunos de sus bloques en Río Negro fue asumida por la empresa argentina Brava Soluciones Oil & Gas. Los dueños de Brava Soluciones Oil & Gas no están especificados en la información disponible, pero el nombre Juan Cruz López aparece como una figura clave, entrevistado y representando a la empresa en eventos, según LinkedIn y YouTube. Otros empleados clave que podrían estar vinculados a la propiedad o la alta dirección son Carlos Eduardo Ayub y Alejandra A.
Todas las cifras
- 350 animales bovinos muertos → pérdida directa de más de U$S 2,1 millones solo en ganado, sin contar la cadena de valor: cuero, leche y carne que evaporan millones adicionales en exportaciones regionales.
- 20 hectáreas completamente contaminadas → equivalentes a 28 canchas de fútbol profesional convertidas en desierto tóxico, con costos de saneamiento que podrían superar los U$S 15-20 millones solo para perforar un pozo de alivio y sellar la fuga, según estimaciones técnicas de intervenciones similares en la zona.
- Fuga continua de gases a alta presión → nube tóxica visible a kilómetros, niveles de H2S y compuestos orgánicos volátiles que superan 200 veces los límites permitidos para exposición humana, generando un impacto en salud pública que podría sumar U$S 5 millones en tratamientos médicos y evacuaciones forzadas de familias enteras.
- Riesgo de incendio forestal extremo → el área afectada está rodeada por bosque chaqueño seco, donde un solo chispazo podría desencadenar un mega incendio de decenas de miles de hectáreas, con daños forestales y turísticos que escalarían a U$S 10 millones o más, paralizando la economía local del tabaco y la agricultura en Orán.
- Daño económico proyectado total → entre ganado, pérdida de productividad agropecuaria, remediación ambiental y litigios judiciales supera holgadamente los U$S 30 millones, sin incluir la deuda de quiebra de la petrolera que arrastra U$S 61,3 millones en pasivos, de los cuales U$S 48 millones vencen a corto plazo y podrían recaer en el Estado provincial como un yugo invisible.
Blas Reyes, productor de 58 años, preparó el terreno para una inspección judicial. Días después comenzó a vomitar sangre negra, sufrió convulsiones y agonizó 37 días sin diagnóstico preciso. Su familia jura que fue intoxicación aguda por inhalación de gases del pozo. Murió sin que nadie asumiera responsabilidad, dejando un vacío humano que multiplica el drama económico: viudas sin ingresos, fincas paralizadas y un reclamo por indemnizaciones que podría hinchar la factura total en millones de pesos.
La petrolera en quiebra y se borró
En agosto 2025, el Juzgado Comercial N°23 de Buenos Aires decretó la quiebra total de President Petroleum S.A., con deudas que superan los U$S 61 millones. La empresa, controlada por capitales británicos, dejó deudas millonarias, pozos sin cerrar y un pasivo ambiental que nadie quiere pagar. Antes de desaparecer argumentaron:
- Caída del barril de U$S 68 a U$S 58 en Río Negro.
- Caída del barril de U$S 65 a U$S 52 en Salta.
- Reparaciones imprevistas de U$S 1 millón en pozos.
- Fuga masiva de CO que les hizo perder la línea de crédito del Banco Hipotecario.
Traducido: prefirieron declararse en quiebra antes que gastar un peso más en tapar el agujero que ellos mismos abrieron, dejando al norte salteño con un rompecabezas financiero de concesiones revocadas y 18-20 puestos de trabajo en vilo, que podrían evaporar U$S 500.000 anuales en salarios locales.
En la COP30 de Belém, líderes mundiales prometen dejar el crudo bajo tierra. A 5.000 km, en Salta, un pozo abandonado escupe veneno 24/7 en pleno Ecosistema Prioritario para la Conservación. La ironía quema más que los gases, y el costo económico grita: mientras Vaca Muerta genera un superávit de U$S 5.000 millones en exportaciones petroleras para Argentina en 2025, estos pozos fantasmas sangran la economía provincial con deudas y demandas que podrían costar al fisco salteño decenas de millones en litigios contra cadenas de empresas como YPF y sus sucesoras.
Evacuaciones y aire irrespirable
Familias enteras huyeron con lo puesto. Los que quedan usan barbijos improvisados y rezan para que no salte una chispa. El Gobierno de Salta instaló una casilla policial y un segundo cerco perimetral… y hasta ahí llegó la “acción urgente”. No hay plan de remediación, no hay fecha de cierre definitivo, no hay responsables con nombre y apellido pagando. Una demanda ambiental contra seis empresas, incluyendo President y YPF, busca reparaciones que podrían ascender a U$S 20 millones, pero el vacío normativo agrava el agujero presupuestario.
Este Chernobyl salteño no es un rayo aislado en el cielo petrolero argentino; es el eco furioso de una cadena de catástrofes que han devorado miles de millones en daños económicos y ecosistemas arrasados.
En 1999, el derrame de Magdalena en el Río de la Plata –el mayor en agua dulce de la historia nacional– liberó 5.000 m³ de hidrocarburos, contaminando 30 km de costa en Buenos Aires y generando pérdidas de más de U$S 100 millones en pesca, turismo y limpieza, con impactos que perduran en comunidades costeras diezmadas. En 2019, la marea negra de Comodoro Rivadavia en Chubut inundó barrios con crudo, matando fauna y forzando evacuaciones masivas; el costo superó los U$S 50 millones en remediación y compensaciones, paralizando la producción local por meses y exponiendo la fragilidad de la infraestructura en Vaca Muerta.
No olvidemos el derrame de Luján de Cuyo en Mendoza (2021), con 1.000 m³ vertidos que envenenaron viñedos y ríos, costando U$S 20 millones en daños agrícolas y judiciales. Y en Bahía Blanca, los vertidos de 2023 en Puerto Rosales –miles de litros de crudo– suspendieron operaciones y sumaron U$S 10 millones en multas y pérdidas portuarias. Estos fantasmas petroleros, que datan de la era YPF estatal hasta las privatizaciones caóticas de los '90, han inflado un pasivo ambiental nacional estimado en cientos de miles de millones de pesos, erosionando la confianza inversionista y multiplicando quiebras como la de President. En un país donde el petróleo debería ser oro negro, se convierte en plomo tóxico: deudas que crecen como hongos en la oscuridad, economías regionales estranguladas y un legado de impunidad que amenaza con repetir el horror una y otra vez. Este no es un accidente. Es un crimen ambiental en cámara lenta que ya tiene víctimas humanas y cientos de miles de dólares en cenizas. Y sigue creciendo mientras que los políticos a cargo del tema siguen mirando para otra parte.
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