La Justicia cordobesa ordenó la paralización inmediata de las obras del Plan Integral de Promoción y Desarrollo Regional del Perilago Cruz del Eje, un ambicioso proyecto turístico impulsado por la Lotería de Córdoba. La decisión destaca las graves irregularidades ambientales y la violación de derechos indígenas, reforzando el principio de que no existe desarrollo sostenible en Argentina sin consulta previa a comunidades originarias ni garantías de protección del ambiente.
El conflicto estalló a fines de 2025, cuando la Comunidad Indígena Territorial Comechingona Sanavirón Tulián, junto a vecinos de la zona, presentó un amparo ambiental colectivo. La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Trabajo y Familia de Cruz del Eje validó los reclamos al detectar vicios en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): una audiencia pública meramente formal, sin participación efectiva, y ausencia total de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, tal como exige el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.
Mariela Tulián, referente de la comunidad comechingona, celebró el fallo: "La Justicia volvió a dejar en claro que no hay desarrollo posible sin participación ciudadana, sin respeto por los pueblos indígenas y sin protección del ambiente". El proyecto, que busca potenciar el turismo en el perilago del dique Cruz del Eje, fue acusado de riesgos graves: daño al recurso hídrico, impacto en la biodiversidad, destrucción de sitios arqueológicos y culturales ancestrales, además de contradicciones técnicas en el estudio ambiental.
Este caso se inscribe en un patrón recurrente en Córdoba y Argentina, donde iniciativas de desarrollo económico –como megaproyectos turísticos o extractivos– chocan con la defensa territorial de comunidades originarias. Expertos en derechos humanos señalan que ignorar estas voces no solo infringe tratados internacionales, sino que acelera la degradación ambiental en ecosistemas frágiles como los del noroeste cordobés. El tribunal aplicó el principio precautorio, suspendiendo no solo las obras, sino la licencia ambiental completa, y reconoció la legitimación activa de la comunidad indígena.
Vecinos no indígenas se sumaron al reclamo, argumentando que un desarrollo irresponsable afecta a toda la región: contaminación de aguas, pérdida de patrimonio natural y exclusión social. Abogadas como Ananda Lavayen y Maria Laura Carrizo Morales acompañaron el proceso, destacando que el fallo sienta un precedente clave para futuras disputas ambientales en el país.
En un contexto nacional donde Argentina busca equilibrar crecimiento y transición ecológica, este episodio en Cruz del Eje obliga a repensar el modelo: el verdadero progreso debe ser inclusivo y sostenible. La sociedad civil celebra esta victoria, mientras el gobierno provincial enfrenta el desafío de reformular proyectos que prioricen el respeto indígena y la conservación ambiental. El debate gana fuerza en redes, impulsando una reflexión colectiva sobre el futuro de los territorios ancestrales.
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