Los incendios en Patagonia arrasaron con miles de hectáreas, generando un impacto económico estimado en miles de millones de pesos y revelando estadísticas devastadoras impulsadas por la crisis climática, el negacionismo oficial y un drástico desfinanciamiento estatal. Expertos del CONICET y organizaciones como Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) alertan que estos megaincendios no son aislados: combinan sequías extremas con un recorte presupuestario del 69% en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), priorizando subsidios a combustibles fósiles sobre la prevención y dejando expuestos ecosistemas críticos como los bosques andino-patagónicos.
El informe de la AAdeAA sobre megaincendios en la Patagonia Norte, publicado recientemente, detalla cifras alarmantes: entre 2001 y 2023, se perdieron 115.140 hectáreas de bosques andino-patagónicos por incendios, con el 56% en Chubut. Solo en la temporada 2023-2024, ardieron 7.747 hectáreas (Chubut: 6.985, Río Negro: 425, Neuquén: 223, Santa Cruz: 114). La situación empeoró drásticamente en 2024-2025, con 31.722 hectáreas quemadas –un incremento del 400% respecto al período anterior–, distribuidas en Neuquén (11.782), Río Negro (10.218) y Chubut (9.722). Para el actual verano 2025-2026, hasta el 20 de enero, ya se registran 28.000 hectáreas perdidas, equivalentes a la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
El impacto económico es colosal. Según la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), por cada 1.000 hectáreas de bosques implantados quemados, las pérdidas ascienden a $3.500 millones en valor de madera y cadenas productivas asociadas. En el incendio de Las Golondrinas (2021), que devoró 12.000 hectáreas en la Comarca Andina de Chubut, se dañaron 511 viviendas, con costos de reconstrucción y pérdidas agrícolas que superaron los $5.000 millones estimados. A nivel nacional, en 2022, los incendios afectaron más de 560.000 hectáreas, con discrepancias en reportes: el SNMF registró 560 mil, mientras el INTA reportó más de 1 millón solo en Corrientes. Para 2024, con 301.604 hectáreas quemadas en todo el país –el año con más focos en ocho años–, el impacto socioeconómico incluye interrupciones en rutas como la Nacional 40, afectando turismo y logística por valor de cientos de millones.
El desfinanciamiento estatal agrava la crisis. El presupuesto 2026 para el SNMF es de solo $20.131 millones, una caída real del 69% respecto a 2023 y del 53,6% desde 2025, según la AAdeAA. En contraste, los subsidios a la oferta de combustibles fósiles en 2026 ascienden a $651.600 millones, un aumento real del 6% sobre 2025. La subejecución es crónica: en 2024, se ejecutó apenas el 22% del presupuesto asignado al SNMF, pese a la urgencia; en 2025, el 25% quedó sin usar, equivalentes a casi $20.000 millones que podrían haber financiado equipamiento y capacitaciones. El recorte del 78% en fondos nacionales para combate de incendios, bajo el gobierno de Javier Milei, debilita la respuesta: para los cinco millones de hectáreas de Parques Nacionales, se requieren 700 brigadistas, pero solo hay 391 contratados, con salarios promedio de $860.000 en Patagonia (de SNMF y Parques Nacionales).
Estadísticas del CONICET proyectan un futuro sombrío: con un aumento de dos grados en la temperatura global hacia fines de siglo, la probabilidad de incendios en la Patagonia Norte se cuadruplicaría. El 95% de los fuegos son de origen humano, por negligencia o intencionalidad, pero factores climáticos como una reducción del 30% al 40% en precipitaciones en altas montañas (reporte INTA enero 2026) y tormentas eléctricas –causantes del 5% de los incendios, pero de mayor magnitud– multiplican riesgos. En 2025, Argentina perdió casi 150.000 hectáreas por fuegos a nivel nacional, con 48.688 hectáreas en la cordillera andina patagónica, incluyendo parques nacionales, y entre 94.000 y 100.000 hectáreas en Corrientes. Expertos como Thomas Kitzberger (biólogo del CONICET) advierten que las 46.000 hectáreas quemadas en 2025 representan la cifra más alta en 60 años.
El enfoque oficial, que trasladó el SNMF al Ministerio de Seguridad, prioriza la búsqueda de culpables –como turistas o el pueblo mapuche– sobre la prevención, alimentando discursos represivos. Mientras, presiones inmobiliarias y especies invasoras como el pino radiata facilitan la propagación. En 2026, con al menos cinco focos activos en Patagonia (incluyendo Puerto Patriada en Chubut, con 3.500 hectáreas afectadas y origen intencional confirmado), y proyecciones de hasta 50.000 hectáreas arrasadas este verano, el costo total podría superar los $100.000 millones si se suman pérdidas en biodiversidad, turismo (que genera $50.000 millones anuales en la región) y restauración ecológica.
Frente a un Estado ausente, la solidaridad comunitaria y autoorganización crecen, pero no sustituyen una política integral. Organizaciones exigen inversión en investigación científica –con solo 1.931 de 2.310 reportes de alerta temprana completados en 2024–, regulación de riesgos como líneas eléctricas, campañas de educación ambiental y aumento de brigadistas con condiciones dignas. El negacionismo climático, equiparado a "fascismos fósiles" por ambientalistas, contrasta con subsidios millonarios a fósiles mientras el fuego devora el Sur. Sin acción urgente, eventos extremos como tornados, inundaciones y sequías –que ya cuadruplicaron superficies quemadas– amenazan no solo la Patagonia, sino la economía y sostenibilidad nacional.
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