La Justicia de Villa Dolores ha ordenado la clausura definitiva de la empresa Integración Minera SRL y su retiro inmediato del Valle Traslasierra, respondiendo a denuncias por infracciones que amenazan los escasos recursos hídricos de la región. Esta decisión, clave para la protección ambiental en Córdoba, resalta la lucha contra la minería no sustentable y podría inspirar acciones similares en otras provincias argentinas afectadas por el extractivismo minero.
La medida judicial surge tras una serie de denuncias acumuladas presentadas por el Foro Ambiental Traslasierra Línea Fundadora (FATLF), el Cabildo Abierto Traslasierra y vecinos de la localidad de Las Tapias. Estas organizaciones, que han liderado una campaña de visibilización y presión pacífica, alertaron sobre las irregularidades en las operaciones mineras que ponían en riesgo el delicado equilibrio ecológico del valle. Inspecciones realizadas por la Policía Ambiental confirmaron las infracciones, lo que derivó en una clausura preventiva inicial y, finalmente, en la orden de retiro emitida por la Fiscalía 1 de Villa Dolores.
Luís María Jiménez, antropólogo y miembro clave de las organizaciones denunciantes, celebró el avance, pero con cautela: “Sabemos que es una buena noticia que viene a confirmar que la organización popular da resultados y que tenemos recursos en los derechos civiles poco trabajados desde el ambientalismo tradicional”. Jiménez enfatizó la efectividad de las herramientas legales pacíficas: “También tenemos la experiencia para utilizar estos recursos civiles y legales, que por otra parte siendo totalmente pacíficos, impiden la tradicional represión sobre la acción de defensa de los bienes comunes de la población”.
El retiro de la maquinaria se concretó incluso antes de un allanamiento programado, acelerado por la presión continua de las asambleas ambientales. “Logramos que la empresa minera haga las maletas y se retire de Las Tapias”, agregó Jiménez, quien reiteró la postura firme contra cualquier forma de extracción: “No queremos ningún tipo de minería en nuestro valle, ya que está por demás demostrado que no existe la ‘minería sustentable’, ni nada que se le parezca”.
Este caso no es aislado. En el Valle Traslasierra, los intereses mineros persisten con pedidos de cateo que abarcan el 18% del departamento San Javier y el 14% del departamento San Alberto, estratégicamente ubicados sobre fuentes hídricas limitadas. Las organizaciones advierten que, aunque esta victoria parcial es alentadora, la lucha debe redoblarse para evitar tácticas de “enfriamiento” que permitan un regreso futuro de las empresas. “No festejamos, pero sí nos alegramos y redoblamos los esfuerzos para seguir en alerta y movilización”, concluyó Jiménez.
Esta resolución judicial no solo protege un ecosistema vulnerable, sino que demuestra el poder de la movilización comunitaria en la defensa de los recursos naturales. En un contexto de crecientes tensiones ambientales en Argentina, el Valle Traslasierra se posiciona como un ejemplo de resistencia exitosa contra el avance del extractivismo.
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