En un giro que revive conflictos ambientales históricos como el de las papeleras en el Río Uruguay, una fiscal federal argentina presentó una denuncia contra el megaproyecto de hidrógeno verde en Paysandú, alertando por posible daño ambiental con impacto directo en territorio nacional.
La fiscal federal Josefina Minatta elevó una denuncia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por presunto daño ambiental derivado del proyecto de la planta de hidrógeno verde impulsado por la empresa HIF en Paysandú, Uruguay. En su presentación, a la que accedió Infobae, Minatta argumenta que el emprendimiento podría generar contaminación gaseosa, líquida y visual, afectando directamente la margen argentina del Río Uruguay, incluyendo zonas protegidas como las Islas del Queguay y humedales Ramsar declarados por la UNESCO. La funcionaria judicial sostiene que el Gobierno uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay, un tratado binacional de los años 60 que obliga a consultas previas para proyectos que impacten el recurso compartido.
Este megaproyecto, que representa una inversión superior a los 5 mil millones de dólares –la mayor inyección de capital privado extranjero en la historia uruguaya–, prevé producir anualmente 876 mil toneladas de e-metanol, 313 mil toneladas de e-gasolina y un total de 880 mil toneladas de e-combustibles en su fase final. La planta, ubicada a apenas 500 metros de la costa del río, ya cuenta con contratos asegurados en Europa para sus productos. Tanto el anterior gobierno del Partido Nacional como la actual administración del Frente Amplio han avanzado en su habilitación, culminando con un acuerdo firmado en diciembre de 2025.
Sin embargo, Minatta detalla en su escrito una serie de riesgos concretos: la toma indiscriminada de agua del río para extraer hidrógeno, la incineración de madera para obtener carbono, y emisiones que podrían dispersarse hacia Argentina por la dirección predominante de los vientos. "Las observaciones mencionan que la dirección predominante de los vientos podría favorecer la dispersión de contaminantes hacia la margen argentina", cita la fiscal, incorporando informes de grupos ecologistas. Además, alerta por impactos visuales y lumínicos que afectarían el bienestar de la población vecina y la fauna, especialmente aves nocturnas sensibles a la luz.
La denuncia resalta la peligrosidad del metanol, producto final de la planta, por su alta inflamabilidad y toxicidad, y advierte sobre efectos en comunidades ribereñas ya vulnerables a inundaciones y riesgos climáticos. Minatta compara el caso con el conflicto de Botnia entre 2003 y 2010, cuando la instalación de plantas de pasta celulosa en Fray Bentos generó protestas masivas y un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que enfatizó el rol de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) en la gestión binacional.
Frente a esto, fuentes del gobierno entrerriano de Rogelio Frigerio indicaron que priorizan el diálogo diplomático para relocalizar la planta 30 kilómetros tierra adentro, minimizando impactos en el río, el ambiente y el turismo –principal motor económico de la región argentina–. "Siguen apelando al diálogo", señalaron, aclarando que la provincia no se involucra en procesos judiciales ni opina sobre denuncias.
La fiscal exige medidas urgentes: que el canciller argentino Pablo Quirno solicite a Uruguay toda la información disponible, incluyendo datos clasificados, para compartir con las comunidades afectadas; y que la CARU y la Secretaría de Ambiente nacional evalúen la calidad del agua y el aire en la zona. Aunque la planta aún no opera, Minatta advierte que las resoluciones favorables ya emitidas en Uruguay configuran una "contaminación probable a pesar de que se desconoce su verdadera magnitud".
Este caso pone en jaque el equilibrio entre transición energética verde y protección ambiental transfronteriza, en un contexto donde ambos países buscan atraer inversiones sostenibles. ¿Revivirá las tensiones del pasado o impulsará un nuevo estándar de cooperación binacional? La respuesta podría definir el futuro de proyectos similares en la región.