Fernando Galarraga, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lanzó una fuerte advertencia: la reforma laboral impulsada por el Gobierno no solo ignora la inclusión laboral de las personas con discapacidad, sino que las oculta y liquida sistemáticamente. En un contexto de desregulación masiva aprobada en el Congreso, esta omisión representa un retroceso histórico que afecta a cientos de miles de argentinos.
Según Galarraga, el proyecto de reforma laboral 2026 no incorpora ninguna medida concreta de inclusión, a pesar de que el cupo del 4 por ciento en el empleo público sigue vigente como herramienta clave para la integración. “El Gobierno desmantela políticas clave sin ofrecer alternativas”, denunció el exfuncionario en declaraciones recogidas por Página/12. Esta ausencia no es casual: forma parte de una estrategia más amplia de desregulación que prioriza la flexibilidad empresaria por sobre los derechos humanos de los sectores más vulnerables.
Expertos consultados coinciden en que la norma invisibiliza a las personas con discapacidad al eliminar referencias explícitas a su protección en el ámbito laboral. Se elimina de facto el enfoque de inclusión real que había avanzado en los últimos años, dejando a este colectivo expuesto a la precarización extrema. Galarraga recordó que el cupo laboral estatal del 4% sigue siendo ley, pero sin políticas activas de cumplimiento ni sanciones efectivas, se convierte en letra muerta.
La crítica llega en un momento clave: mientras el oficialismo celebra la aprobación de la reforma laboral en Diputados y su avance en el Senado, organizaciones de discapacidad y sindicalistas alertan sobre el “ataque sin límites” al sector. La falta de licencias específicas, la reducción de indemnizaciones y la flexibilización extrema impactan con mayor crudeza en quienes ya enfrentan barreras estructurales para acceder al mercado de trabajo.
Esta reforma laboral que oculta y liquida los derechos de las personas con discapacidad no solo es un error técnico: es una decisión política que profundiza la exclusión en un país que se jacta de avanzar en equidad. La sociedad argentina no puede permitir que la desregulación se convierta en sinónimo de retroceso para los más vulnerables.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei regresó al Senado tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados porque los diputados introdujeron modificaciones sustanciales al texto original aprobado previamente por la Cámara alta.
El principal cambio fue la eliminación del artículo 44, uno de los puntos más polémicos del proyecto original. Este artículo modificaba el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral, reduciendo el pago del salario al 75% en casos de enfermedad común y al 50% cuando la incapacidad derivaba de actividades no relacionadas con el trabajo (como práctica deportiva). La supresión de esta cláusula fue una concesión del oficialismo para asegurar los votos necesarios en Diputados, ante el fuerte rechazo de aliados, oposición y sectores sindicales.
Dado que la Constitución Nacional establece que cualquier alteración introducida por una cámara debe ser revisada y aprobada por la de origen, el proyecto volvió al Senado para su sanción definitiva. El Senado ya había dado media sanción al texto inicial el 11 o 12 de febrero de 2026, por lo que el trámite se considera un procedimiento formal: se trata de ratificar las modificaciones (principalmente la quita del artículo 44) sin cambios mayores adicionales.
El oficialismo busca convertir la Ley de Modernización Laboral en norma definitiva este viernes 27 de febrero de 2026, último día de las sesiones extraordinarias, antes de la apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo. A pesar de las protestas y críticas, se descuenta su aprobación con amplio margen en la Cámara alta.
Esta vuelta al Senado no altera el núcleo de la reforma —que incluye cambios en indemnizaciones, jornada laboral, horas extras, poder sindical y blanqueo laboral—, pero representa un ajuste táctico para viabilizar su sanción final en medio de un contexto de alta conflictividad social.
