El Procurador General de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, emitió un dictamen contundente en el marco de una acción de reparación ambiental promovida por la Provincia, actualmente en trámite ante la Corte de Justicia. El expediente, titulado “Provincia de Salta contra President Petroleum S.A.; E.P.P. Petróleo S.A.; Tripetrol Petroleum S.A.; Netherfield Corporation Sucursal Argentina; Petrolera San José S.R.L.; YPF S.A.”, aborda los graves daños ambientales en el área hidrocarburífera “Puesto Guardián – Loma de Olmedo X-10”, ubicada en Pichanal, departamento Orán.
García Castiella afirmó que todas las empresas que han operado como concesionarias del área deben responder solidaria y mancomunadamente por los daños ambientales detectados, según lo dispuesto por la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Código Civil y Comercial de la Nación. Estos cuerpos legales establecen un principio de responsabilidad objetiva en materia ambiental, obligando a todas las partes involucradas a responder por los perjuicios causados, incluso cuando no se pueda individualizar la contribución de cada una.
Un desastre ambiental de magnitud
La acción judicial comenzó tras una presentación de la Provincia en el Juzgado Contencioso Administrativo, con el objetivo de contener, mitigar, restaurar y sanear el área afectada. Según informes, el pozo Loma de Olmedo X-10, perforado por YPF en 1983, ha estado fuera de control desde 2023, generando un impacto ambiental devastador. Entre los daños reportados se encuentran:
- Mortandad de ganado y fauna: Aproximadamente 350 cabezas de ganado y numerosas especies de fauna silvestre han muerto debido a la emanación de gases y líquidos tóxicos.
- Contaminación de suelos y agua: El Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) estima que la contaminación afecta un área de 10 hectáreas, con muestras de suelo y agua que revelan niveles de hidrocarburos 300% superiores a los límites permisibles.
- Riesgo para aguas subterráneas: Existe una posible contaminación de napas subterráneas, lo que representa una amenaza para los ecosistemas y comunidades locales.
- Daños a la flora: La vegetación en la zona ha sufrido deterioro severo, alterando el equilibrio ambiental del área.
Medidas judiciales y tensiones entre empresas
Desde 2023, la Fiscalía Penal de Pichanal, con el respaldo de la Procuración General y el CIF, investiga el caso. En una audiencia celebrada el 27 de mayo de 2025, se exigieron medidas urgentes para proteger a las personas y el entorno. Como resultado, el 5 de junio de 2025, el Tribunal dictó una medida cautelar que ordenó a President Petroleum S.A.:
- Reforzar el perímetro de seguridad.
- Impedir el acceso de personas y animales.
- Instalar cartelería preventiva.
- Contener los fluidos emanados del pozo con técnicas adecuadas.
President Petroleum apeló la medida, argumentando que no puede ser responsable por daños causados por terceros antes de su concesión y cuestionando la exclusividad de las obligaciones impuestas. La empresa señaló a YPF, afirmando que el pozo fue mal sellado en 1983, y notificó a la petrolera estatal mediante una carta documento en junio de 2025, anticipando posibles acciones judiciales federales.
En respuesta, García Castiella invocó el Artículo 31 de la Ley 25.675, que establece que todos los responsables de un daño ambiental colectivo deben responder solidariamente cuando no es posible determinar contribuciones individuales. Además, destacó que el Decreto Provincial N° 2174/2015 transfirió explícitamente todos los derechos, obligaciones y pasivos ambientales a las nuevas concesionarias, incluyendo a President Petroleum, E.P.P. Petróleo S.A., Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation Sucursal Argentina, Petrolera San José S.R.L. y YPF S.A.
Un costo millonario y desafíos financieros
El sellado del pozo y la remediación ambiental tienen un costo estimado de entre 15 y 20 millones de dólares, según la Fiscalía de Estado de Salta. Sin embargo, la situación se complica por las dificultades financieras de President Petroleum S.A., que reportó una deuda de 61,3 millones de dólares y entró en concurso de acreedores en octubre de 2024. Esto plantea dudas sobre su capacidad para asumir los costos de reparación.
El dictamen de García Castiella concluye que, aunque las obligaciones preventivas de President Petroleum deben mantenerse, la medida cautelar debe extenderse a todas las empresas demandadas. Estas podrían ser requeridas para cubrir proporcionalmente los costos de las acciones necesarias para preservar y restaurar el ambiente.
Un llamado a la responsabilidad ambiental
El Procurador General subrayó que la responsabilidad ambiental es un principio fundamental del proceso. Las empresas concesionarias, independientemente de su rol o período de operación, deben responder de manera integral y solidaria ante el Estado y la sociedad por los daños causados al entorno natural. Este caso pone en evidencia los desafíos de la explotación hidrocarburífera y la necesidad de garantizar un manejo responsable para evitar desastres ambientales.
La Provincia de Salta continúa exigiendo medidas urgentes para mitigar el impacto en Lomas de Olmedo, mientras la Corte de Justicia evalúa el expediente. La resolución de este caso podría sentar un precedente clave para la responsabilidad ambiental en la industria petrolera argentina.
