Mientras Vaca Muerta bombea u$s 20.000 millones al año, un cáncer negro llamado Comarsa convirtió la estepa patagónica en el mayor cementerio tóxico de Sudamérica. Más de 1,2 millones de toneladas de residuos petroleros radioactivos repartidos en cinco provincias, u$s 12.000 millones en pasivos ambientales heredados y un genocidio silencioso sobre comunidades mapuches que respiran muerte a 300 metros de las montañas de veneno. Esta es la verdadera orgía de crudo y sangre que “algunos” miran con sonrisas de sorna desde los paraísos fiscales de Delaware e Islas Vírgenes.
En 2013, cuando el fracking explotaba como un orgasmo colectivo de dólares, José Urtubey, Douglas Albrecht y Juan Collado – los mismos personajes que hundieron Celulosa Argentina en un default de u$s 130 millones – olfatearon la carroña. Fundaron Comarsa como una máquina de succionar los desechos más sucios del “shale": lodos con cromo hexavalente, mercado, bario y radionúclidos.
La Municipalidad de Neuquén en los tiempos del “Pechi” Quiroga del PRO (fallecido en 2019) les otorgó 10 hectáreas a $500 la hectárea y les abrió la puerta de toda la Patagonia. Desde entonces, la empresa replicó su modelo cancerígeno en Río Negro, Chubut, Santa Cruz y La Pampa, convirtiéndose en la única tratadora autorizada de 70 % de los cuttings de Vaca Muerta.
Un imperio de pasivos
Comarsa no es una planta: es una cadena de 11 sitios contaminados que abarcan más de 400 hectáreas en cinco provincias. Solo en Neuquén acumula 1.000.000 de toneladas de residuos históricos. En Catriel (Río Negro) dejó un lago artificial de 250.000 m³ de fluido negro que brilla bajo la luna. En Comodoro Rivadavia operó hasta 2023 un predio clausurado donde aún hoy se miden arsénico 1.200 veces por encima del límite. El pasivo total de la empresa supera los u$s 12.000 millones según peritajes de la Universidad Nacional de la Patagonia (2025), convirtiéndola en el mayor pasivo ambiental privado de Argentina. Y nadie paga. Los dueños ya declararon cinco quiebras preventivas desde 2019, dejando la factura al Estado y a los pueblos originarios.
Genocidio a fuego lento
A 300 metros del muro norte de Comarsa en Neuquén, vive la comunidad Lof Campo Maripe; 42 familias que desde 2014 ven cómo sus niños nacen con plomo en sangre 400% superior al promedio. El viento del oeste arrastra partículas de vanadio que se pegan a la piel como un beso mortal. En Loma de la Lata, la comunidad Winkul Newen perdió 80% de sus animales por beber agua con hidrocarburos totales 3.000 veces el límite.
En 2024, el Hospital de Cutral-Có reportó un aumento del 320 % en cáncer infantil en un radio de 15 km alrededor de los predios de Comarsa. Las mujeres mapuches llaman al viento tóxico “el aliento del winka asesino”. Y mientras tanto, los camiones bateas siguen removiendo 1.200 toneladas diarias levantando nubes negras que se posan sobre las rucas como una segunda piel de muerte.
En noviembre de 2025 el perito agrimensor confirmó lo que los mapuches denunciaban hace una década: Comarsa usurpó 28 hectáreas de tierras fiscales y comunitarias, incluyendo territorio sagrado del Lof Campo Maripe. Sobre esas tierras robadas apilaron montañas de 12 metros de bolsas rotas, que sangran negro cuando llueve. Los análisis de 2025 hallaron radiactividad natural aumentada en un 450 % y benceno en aire 120 veces superior al límite de la OMS. Los niños juegan entre los derrames. Las ancianas recogen leña impregnada de petróleo. Y el Estado mira para otro lado mientras firma nuevos contratos de remediación… con la misma Comarsa.
Imputaciones ardientes
Desde 2023, once causas penales pesan sobre los dueños. El Tribunal Superior de Justicia ratificó embargos por u$s18 millones, pero los Urtubey-Albrecht-Collado- Todos ellos ya trasladaron sus activos a Delaware y Islas Vírgenes.
En 2025, la justicia federal imputó a la empresa por ecocidio y genocidio ambiental contra pueblos originarios, la primera vez en la historia argentina. Pero el monstruo siguió vivo: y aún hoy recibe 200 toneladas diarias de nuevos residuos mientras traslada los viejos a Añelo, donde ya se prepara el próximo basurero sobre tierras mapuches de Lof Fvta Xayen.
Legado envenenado
Comarsa no es una empresa. Es una máquina de exterminio lenta que convirtió la Patagonia sagrada en el patio trasero tóxico del fracking. Doce comunidades mapuches envenenadas, más de 400.000 personas expuestas, u$s12.000 millones que nunca se pagarán y tres nombres –Urtubey, Albrecht, Collado – que seguirán facturando mientras la estepa muere abrazada al crudo. El desierto patagónico ya no huele a jarilla. Huele a cáncer, a traición, a acuerdos turbios con los políticos de turno (ninguna puede ser tan distraído), y a la respiración contenida de un pueblo que se niega a desaparecer.
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