El Congreso de la Nación se prepara para un debate clave en sesiones extraordinarias sobre la reforma de la Ley de Glaciares (N° 26.639), impulsada por el Gobierno nacional bajo la administración de Javier Milei. La iniciativa, enviada en diciembre de 2025 y con dictamen favorable en comisiones, busca flexibilizar las prohibiciones absolutas a la minería y actividades extractivas en glaciares y ambientes periglaciares, limitando la protección solo a aquellos con función hídrica relevante. Este cambio genera polarización extrema: ambientalistas y más de 85 constitucionalistas lo califican de inconstitucional y regresivo, mientras el oficialismo y el sector minero lo defienden como clave para destrabar inversiones por hasta u$s40.000 millones, generar empleo y posicionar a Argentina en la transición energética global.
La Ley vigente, sancionada en 2010 tras el veto presidencial de 2008 a una versión anterior, establece presupuestos mínimos ambientales y prohíbe expresamente la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua para el país. El proyecto oficial propone redefinir el alcance: solo protegería glaciares con función hídrica comprobable (recarga de cuencas, abastecimiento poblacional o ecosistémico), devolviendo mayor potestad a las provincias —que ostentan el dominio originario de los recursos naturales— para autorizar actividades bajo evaluaciones caso por caso y estándares ambientales reforzados.
Críticas fuertes provienen de la comunidad jurídica y ambiental. Más de 85 especialistas, entre ellos Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Leila Devia y Andrés Gil Domínguez, enviaron una carta al Congreso alertando que la reforma viola el artículo 41 de la Constitución Nacional al permitir que las provincias bajen por debajo del piso de protección mínima, creando un "dumping ambiental". Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y glaciólogos como Lucas Ruiz advierten que pone en jaque reservas hídricas vitales en un contexto de cambio climático, y que el verdadero objetivo es habilitar proyectos mineros hoy frenados, como los de cobre en zonas cordilleranas.
Por el lado oficial, el Gobierno argumenta que la norma actual genera inseguridad jurídica, parálisis absoluta y discrecionalidad ideológica, impidiendo el desarrollo en provincias mineras. Se inspira en modelos de Chile, Canadá y Australia, donde no hay vetos totales sino evaluaciones rigurosas y áreas protegidas específicas. El sector minero, a través de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), asegura que la modificación no implica retroceso ambiental y podría liberar u$s30.000 a u$s40.000 millones en inversiones, especialmente en cobre y litio, minerales críticos para baterías y energías renovables.
El debate se intensificara en fechas concretas: la Cámara de Diputados trataría el proyecto el 11 de febrero, mientras el Senado ya cuenta con dictamen favorable desde diciembre. Críticos lo llaman la "reforma Barrick Gold" por el lobby minero, y lo vinculan a otros ajustes como la reforma laboral, viendo un patrón de flexibilización extractivista. Defensores responden que el equilibrio es posible: prohibición absoluta en glaciares emblemáticos o parques nacionales, y excepciones controladas en zonas sin valor hídrico estratégico.
En un país con demanda global por minerales estratégicos y crecientes sequías, la reforma reabre el péndulo regulatorio entre protección máxima y desarrollo productivo. El resultado definirá si Argentina prioriza la seguridad hídrica a largo plazo o acelera su inserción en la economía verde mediante reglas claras y previsibilidad inversora. El agua y el futuro minero están en juego.
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