Autoridades suspenden operaciones en más de 80 plantas de beneficio por graves niveles de contaminación en ríos Calera y Amarillo, amenazando la vida acuática y la salud pública en provincias sureñas.
En un golpe directo a la minería ilegal y sus devastadores efectos ambientales, el Gobierno ecuatoriano ha decretado la suspensión indefinida de todas las plantas de procesamiento de minerales en la provincia de El Oro. Esta medida, impulsada por alarmantes hallazgos de cianuro, arsénico, cadmio, cobre y plomo en los ríos Calera y Amarillo, revela un impacto severo en la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes, poniendo en jaque no solo la biodiversidad sino también la economía local dependiente de la extracción aurífera.
La resolución ministerial 0005, firmada por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, entró en vigor este 2 de febrero de 2026. Análisis técnicos realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) el pasado 14 de enero detectaron concentraciones que superan ampliamente los límites permisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre. En el río Calera, la contaminación se intensifica drásticamente cerca de las zonas industriales, con incrementos del 535,60% en plomo y del 465,79% en cianuro, evidenciando sistemas de tratamiento de efluentes ineficaces o inexistentes.
Esta degradación ambiental no se limita a un solo afluente: al confluir con el río Amarillo, los contaminantes se diluyen parcialmente, pero el efecto es insuficiente, generando un aumento progresivo de la polución aguas abajo. Expertos destacan una "coincidencia" en la huella química entre las descargas de las plantas y el deterioro del recurso hídrico, estableciendo una relación de causalidad que justifica la paralización inmediata.
La decisión también extiende sus garras a la provincia de Napo, donde se ordena la suspensión total de actividades mineras debido a la proliferación de la minería ilegal. En un plazo de diez días, las direcciones zonales del Ministerio iniciarán procesos sancionatorios contra operadores infractores. Además, en tres días se verificarán autorizaciones ambientales y certificados para el uso de sustancias químicas peligrosas como el cianuro.
Entre las acciones inmediatas, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) colocará sellos de clausura y decomisará material mineralizado, que pasará a manos del Estado para su procesamiento por la Empresa Nacional Minera (Enami). Monitoreos quincenales de sedimentos y calidad del agua en El Oro, Loja y Napo buscarán cuantificar metales pesados como mercurio, mientras que los titulares de concesiones deberán presentar planes de acción urgentes.
El gremio minero, representado por la Cámara de Minería del Ecuador (CME), respalda estos controles, enfatizando que la minería legal opera bajo estrictos estándares ambientales. Sin embargo, la resolución subraya que cuando se incumple la normativa, las sanciones deben aplicarse con rigor. Esta crisis no solo expone la rentabilidad diaria de la minería ilegal —estimada en $300.000 en focos identificados en 12 provincias—, sino que alerta sobre un problema sistémico que podría replicarse en otras regiones.
Este escándalo ambiental resuena en un contexto de lucha intensificada contra la extracción ilícita, con 386 operativos en 2025 que infligieron más de $1,1 millones en daños a estructuras delictivas. Mientras las comunidades locales enfrentan riesgos a la salud y al ecosistema, la suspensión podría desencadenar un debate nacional sobre el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, urgiendo reformas para prevenir futuras catástrofes.
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