La Patagonia argentina no solo arde; se desintegra en un rito de fuego y cenizas que ya se consagra como la mayor catástrofe ambiental en dos décadas. Lo que comenzó como un susurro de humo se ha transformado en un rugido insaciable que ha devorado más de 230.000 hectáreas, una superficie que triplica el tamaño de grandes capitales europeas. En este preciso instante, el corazón de nuestros bosques milenarios late con dificultad bajo una manta tóxica de carbono que nubla el horizonte y envenena el aire de comunidades enteras, mientras el Estado libra una batalla desigual contra un enemigo que parece alimentarse de la desidia política y el implacable cambio climático
El paisaje, antes un refugio de paz turquesa y verde eterno, hoy es un cementerio de carbón. En provincias como Chubut y Río Negro, el fuego ha penetrado en santuarios inviolables como el Parque Nacional Los Alerces, hogar de ejemplares de tres mil años que hoy sucumben ante temperaturas que superan los 800°C. La seducción letal de las llamas no discrimina: el avance sobre la Ruta Nacional 40 ha cortado las venas del turismo, dejando pérdidas económicas que ya se proyectan por encima de los 150.000 millones de pesos.
En los últimos meses, la Patagonia ha sido gravemente afectada por incendios forestales que han causado daños significativos en la región. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, los incendios consumieron más de 31.000 hectáreas de bosque, cuadruplicando el área afectada en comparación con el mismo período del año anterior.
Esfuerzos vanos
Las provincias más impactadas incluyen Chubut, Río Negro y La Pampa, donde los incendios han destruido áreas protegidas, zonas rurales y urbanas, obligando a la evacuación de cientos de residentes. En enero de 2026, la situación se agravó aún más. En Chubut, los incendios comenzaron el 5 de enero y afectaron casi 45.000 hectáreas, incluyendo el Parque Nacional Los Alerces. En Chile, los incendios en las regiones de Biobío y Ñuble se propagaron hacia La Araucanía, el Maule y la Región Metropolitana, arrasando más de 64.000 hectáreas y causando la muerte de al menos 23 personas.
A pesar de los esfuerzos de brigadistas y autoridades locales, las condiciones climáticas adversas, como la sequía extrema, la ausencia de lluvias y los vientos persistentes, han dificultado la extinción de los incendios. Además, la falta de inversión en prevención y control del fuego ha empeorado la situación. Actualmente, se desconoce el estado exacto de los incendios activos en la Patagonia. Sin embargo, las autoridades continúan trabajando para controlar los focos y mitigar el impacto ambiental y social de estos desastres.
En la profundidad del bosque, el silencio es absoluto porque la vida ha huido o se ha calcinado. Especies en peligro crítico, como el huemul, han visto sus corredores biológicos convertidos en trampas mortales. La tragedia alcanza niveles de crueldad extrema con el monito de monte: este diminuto marsupial, un "fósil viviente", registra una mortalidad del 100% en incendios de copas, condenado a una muerte segura bajo el calor asfixiante que emana del suelo herido.
Guerra judicial
Mientras las cenizas caen, la política arde. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Juntos por el Cambio), apunta a "mafias inmobiliarias", mientras que sus pares de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, exigen una Ley de Emergencia Ígnea urgente. La tensión con el Gobierno Nacional de Javier Milei (La Libertad Avanza) es máxima ante denuncias de un recorte del 78% en los fondos de prevención, dejando a los brigadistas con las manos atadas frente a un desastre que, según peritajes, tiene un 80% de componente intencional.
La justicia busca nombres propios. En el Juzgado Federal de Esquel, resuena el pedido de captura para Cruz Cárdenas (la agrupación mapuche Lof Pailako) como presunto autor material. Simultáneamente, el fiscal Carlos Díaz Mayer lidera allanamientos en viviendas como la de Rocío Brizuela, buscando pruebas en un rompecabezas de sospechas. No obstante, la lupa también se posa sobre la Administración de Parques Nacionales por presunto incumplimiento de deberes, ante una respuesta inicial que muchos consideran tardía y negligente.
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