Afecta a los hermanos Marún, primos hermanos del intendente que perdió las últimas elecciones, que habían logrado que un juez en lo laboral les archive la causa
Finalmente los hermanos Alfredo e Iván Marún de Ramallo (provincia de Buenos Aires) serán enjuiciados penalmente, porque su empresa volverá a ser investigada por, supuestamente, emitir gases tóxicos y contaminar el tristemente célebre Arroyo Ramallo. Los hermanos Marún, dueños de la firma Prochem Bio, son primos hermanos del hasta hace poco intendente de Ramallo, Gustavo Perié, cuya agrupación (Juntos) perdió las últimas elecciones frente a Mauro David “Mumi” Poletti (Unión por la Patria).
Durante aquella intendencia, un juez de fuero laboral de San Nicolás ordenó, sin más, archivar la causa. Pero, tras la derrota de Juntos, ahora apareció otro fallo de la Cámara Penal Federal de Rosario que ordenó desempolvar el expediente, porque el juez interviniente “no valoró adecuadamente” algunas pruebas y evidencias, en tanto que otras “siquiera fueron merituadas” como las pericias de la Universidad de La Plata y del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires.
El Arroyo Ramallo es uno de los afluentes más contaminados que ingresan en el río Paraná. El agua es toxica para la biota acuática (conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área dada) tanto en arroyos como en zonas cercanas a los cultivos intensivos, lo cual se correlaciona con la desaparición y/o merma de especies biológicas manifestada por los habitantes de la zona.
La empresa investigada es Prochem Bio SA ubicada frente al Barrio Somisa, de Ramallo, que fabrica productos fitosanitarios, fertilizantes y auxiliares para la industria textil y del papel, y que fue denunciada hace ya ocho años por contaminación. La causa que ahora vuelve a tener vida, es por presunta infracción a la ley de Residuos Peligrosos luego de que se ordenó el desarchivo al ordenado por el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo porque dictaminó que le faltaban pruebas para avanzar con un veredicto.
Las juezas de la Sala B de la Cámara, Elida Vidal y María Andalaf Casiello, determinaron que el juez Villafuerte Ruzo ordenó el archivo de la causa penal sin haber producido “todas las diligencias necesarias a fin de completar el conocimiento integral” de las denuncias, ni descartar la posible comisión de los delitos que regula la ley de Residuos Peligrosos. Las camaristas consignaron que “no puede perderse de vista que Prochem Bio SA es una industria de tercera categoría, lo que significa que con su propia actividad puede ocasionar daños graves en la población y al medio ambiente por lo que, dada la trascendencia de la materia en estudio, los hechos investigados deben analizarse con suma prudencia”. La apelación había sido presentada por la Asociación Civil Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea).
Según las camaristas el juez “no valoró adecuadamente” pruebas o, “ni siquiera fueron meritadas” declaraciones testimoniales, pruebas documentales aportadas por el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, expedientes por accidentes de trabajo, daños y prejuicios, protección y reparación ambiental, pericias del Centro de Investigación Medio Ambiental (Cima) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Tampoco el magistrado aparentemente no consideró una condena contra la empresa dictada en agosto pasado por el juzgado de Faltas de Ramallo por “arrojar efluentes en lugares no permitidos o autorizados” e infringir ordenanzas locales que regulan el uso de agroquímicos y la acción de amparo que tramita en el fuero civil de la Justicia Federal y que también en agosto obtuvo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires que clausuró la agroquímica Prochem Bio porque, entre otras irregularidades, funcionaba sin ninguna habilitación válida pese a ser una empresa de categoría 3. En aquel fallo, los cuatro ministros de la Corte bonaerense hicieron lugar a la acción de amparo presentada en 2015 por Fomea, que denunció a la firma por emitir gases tóxicos y volcar efluentes contaminantes al arroyo Ramallo sin contar con las autorizaciones legales. En la sentencia de la Corte también ordenaron que para volver a funcionar, la agroquímica debía acreditar “haber obtenido los pertinentes certificados y permisos por parte de las autoridades competentes” y cumplir con los mecanismos legales de audiencia pública y participación ciudadana. Sin embargo, el juez Eduardo Oscar Viale, presidente del Tribunal de Trabajo N° 2 de San Nicolás, levantó el cese de actividad industrial que pesaba sobre Prochem Bio SA al dar por cumplidos los requisitos impuestos por el Máximo Órgano Judicial de Buenos Aires. Esa sentencia fue apelada por Fomea y se encuentra pendiente de resolución hace meses en la Cámara Civil de San Nicolás.
