Es a consecuencia del primer DNU de Javier Milei que los habilita a comprar tierras ribereñas o que contengan cursos de agua de gran envergadura
El primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei también impactó en el microclima de los ecologistas locales. Deroga la Ley de Tierras de 2011 (Nro. 26.736) que prohíbe a los extranjeros la compra de tierras ribereñas o que contienen cursos de agua dulce de gran envergadura permanentes. Significa que los capitales extranjeros ahora pueden comprar sin restricciones los grandes esteros del Litoral y de la Mesopotamia, los Humedales Altoandinos, los ríos de planicie y de montaña, los humedales, los lagos, los glaciares, y tierras adonde se encuentran zonas de recarga de acuíferos como el Guaraní y el Puelche, por citar algunos ejemplos.
El artículo 154 del polémico decreto establece que se deroga la Ley que, en su artículo 10 prohibe explícitamente “la titularidad o posesión por parte de las personas extranjeras” de aquellas tierras que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”. El decreto reglamentario 274/2012 define a los cuerpos de agua como “todas aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman el sistema hidrológico”.
Fuentes de sectores ecologistas salieron a criticar que esta derogación “afecta la soberanía sobre recursos naturales estratégicos. Por ejemplo, en el Departamento de Bariloche, en Río Negro, ya está excedido el límite del 15% de la tierra en manos extranjeras: allí hay un 22 por ciento. Y es la zona, precisamente, donde están las nacientes de los ríos, los glaciares y los lagos en zona de Seguridad de Frontera”. También indican que “una muestra de lo que puede venir se produjo en noviembre pasado, cuando la Inspección General de Justicia impidió a una poco transparente fundación estadounidense, la supuesta Fundación Humedales del multimillonario Paul Tudor Jones, comprar 1,2 millones de hectáreas en el macrosistema Iberá, en la provincia de Corrientes. La operación fallida era intermediada por el estudio jurídico Allende-Ferrante el mismo que representa los intereses de tristemente célebre empresario Joe Lewis en sus negociados patagónicos.
La embestida de Milei no es la primera que se produce contra la protección del agua dulce. Ya en 2016, y también por Decreto de Necesidad y Urgencia, el expresidente Mauricio Macri había atacado la Ley de Tierras 26.737 al modificar, justamente, los estrictos términos de la norma que impedían la extranjerización del agua. Macri relajó significativamente los trámites obligatorios que debían efectuarse para verificar que una compra de tierras por un extranjero no incluyera un cuerpo de agua. Lo convirtió en algo casi automático desnaturalizando el espíritu de la norma que luego no fue sanada por el gobierno del expresidente Alberto Fernández.
