Las medidas incluyen desde escuchas telefónicas, hasta el rastreo y la detención de activistas antes de que comprometan la paz pública
Miles de manifestantes en diferentes países de Europa salieron a la calle a exigir medidas urgentes del gobierno contra el cambio climático.
Ese estado de cosas coincide con el intenso calor en Hemisferio Norte, con temperaturas que prometen marcar niveles récords en los últimos años. El caos afecta a varios países. Hay cortes en las principales autopistas británicas, protestas en instalaciones petrolíferas en Alemania interrumpen el suministro de crudo, y enfrentamientos con la policía en Francia por el uso del agua, dejando decenas de heridos. Hasta ahí la noticia parece “normal”. Lo novedoso es que los países europeos, según la prestigiosísima agencia Reuters, están toman medidas para prevenir las manifestaciones antes de que afecten a la paz pública.
Decididos a impedir que estas protestas sigan fortaleciéndose, los estados en Alemania y las autoridades nacionales en Francia están invocando poderes legales utilizados a menudo contra el crimen organizado y los grupos extremistas para pinchar teléfonos y rastrear a los activistas, denunció la Agencia Reuters, basándose en conversaciones con cuatro fiscales, policías de ambos países y más de una docena de manifestantes.
Sólo en Berlín, la policía invirtió cientos de miles de horas de trabajo en más de 4.500 incidentes registrados contra los grupos "The Last Generation" y "Extinction Rebellion", según datos policiales de los que hasta ahora no se había informado. Las autoridades estatales alemanas están recurriendo ampliamente a la detención preventiva, para impedir que la gente proteste, incluyendo la detención de al menos una persona durante 30 días sin cargos.
Los legisladores aprobaron nuevas leyes de vigilancia y detención en Francia en julio y en Gran Bretaña en mayo. Londrés ilegalizó penas de prisión. Francia utilizada una unidad antiterrorista para interrogar a algunos activistas climáticos, según confirmó la policía a Reuters.
Los gobiernos de Alemania y Gran Bretaña afirmaron que la respuesta a las protestas tenía como objetivo evitar acciones delictivas. El gobierno francés declinó hacer comentarios, pero ya dijo el Estado debe ser capaz de combatir lo que denomina "radicalización". Los activistas afirman que recurrieron a la acción directa tras el fracaso de otras estrategias de protesta. Reuters no pudo determinar si los países europeos estaban coordinando sus políticas o la vigilancia de los manifestantes, más allá de la cooperación normal entre las fuerzas policiales. Una fuente del gobierno francés con conocimiento del asunto dijo que los servicios de inteligencia de toda Europa cooperaban para vigilar los planes y actividades de los manifestantes. En respuesta a una pregunta de Reuters sobre el intercambio de información sobre activistas climáticos entre gobiernos europeos, el Ministerio del Interior alemán dijo que mantenía intercambios regulares de información con socios extranjeros, pero declinó dar detalles.
La policía y el Ministerio del Interior francés declinaron responder. El Consejo Nacional de Jefes de Policía británico no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios, y su Ministerio del Interior tampoco hizo comentarios.
El fiscal de Baviera tomó medidas drásticas contra el grupo verde “La Última Generación” y está investigando la posibilidad de clasificarla como organización delictiva en virtud de una ley que permite la vigilancia telefónica generalizada, el seguimiento por GPS y el registro de propiedades. El fiscal asignó la investigación sobre el grupo a una unidad del Estado que lucha contra el terrorismo y el extremismo, porque dijo que el grupo había cometido delitos, entre ellos el intento de sabotear infraestructuras críticas, afirmó un portavoz del fiscal. Brandeburgo tiene una investigación similar, según informó a Reuters su Ministerio del Interior. La fiscalía está investigando al grupo por el cierre de una válvula del oleoducto transalpino en Baviera el año pasado y por una protesta en una refinería de Brandeburgo.
Los domicilios de los líderes de las protestas han sido objeto de redadas en Alemania. En mayo, la policía de varios estados registró los domicilios de siete lideres de La Ultima Generación e interceptó los teléfonos de seis de los líderes antes de las redadas, como parte de la investigación para clasificar al grupo como organización criminal, según informó la fiscalía bávara a Reuters. También se cerró el sitio web del grupo para impedir la recaudación de fondos. De ser ilegalizado, el apoyo al grupo se castigaría con penas de cárcel, según la legislación alemana.
En junio, el día de la protesta prevista por Lachner en la ciudad bávara de Ratisbona, la policía se presentó en su casa y se lo llevó a una comisaría durante seis horas, un ejemplo del uso que hace Baviera de las normas que permiten a la policía detener a personas hasta un mes sin cargos para prevenir un delito, sobre la base de una orden judicial. "No me dejaron coger los zapatos ni los calcetines... simplemente me sacaron a rastras del pasillo", dijo Lachner en una entrevista. Un vídeo de la detención publicado por la organización en redes sociales muestra cómo le arrastran descalzo por un camino pavimentado. Reuters no pudo verificar la autenticidad de la grabación.
La policía de Ratisbona dijo que detuvo a Lachner para prevenir un delito penal después de que anunciara públicamente sus planes. Baviera aplicó la detención preventiva de más de 24 horas al menos 80 veces contra activistas climáticos en los últimos 18 meses, según informó a Reuters el Ministerio del Interior del Estado, en virtud de una ley estatal que permite este tipo de acciones. El ministerio confirmó la detención de un activista durante 30 días. El Ministerio no dio detalles sobre las personas detenidas, ni sobre el motivo de su detención. Reuters no pudo determinar de inmediato si alguno de los activistas detenidos había sido acusado posteriormente.
Los activistas han protagonizado cientos de cortes de rutas desde el año pasado en Berlín. Hasta el 6 de julio, la policía de la capital alemana había invertido más de 480.000 horas de trabajo en unos 4.519 presuntos incidentes delictivos registrados recientemente por activistas medioambientales, según informó a Reuters el Departamento de la policía. La Fiscalía de Berlín señaló a Reuters que hasta el 19 de junio de este año había registrado más de 2.200 investigaciones sobre activistas de The Last Generation y Extinction Rebellion. Sin embargo, los datos no detallaban los tipos de delitos que estaba investigando.
En respuesta a la oleada de protestas, los legisladores berlineses están elaborando una ley para permitir que los sospechosos permanezcan detenidos durante cinco días, frente a las 48 horas actuales, según declaró un portavoz del Senado de Berlín en una entrevista. A pesar de la detención de Lachner, la acción en Ratisbona siguió adelante, con más manifestantes pegados a la carretera de lo previsto inicialmente. "Quizá se pueda encerrar a los manifestantes por el clima, pero la catástrofe climática llegará de todos modos", declaró Lachner tras ser condenado en Berlín en julio por incidentes con pegamento el año pasado y multado con 2.700 euros.
Las protestas por el clima han desembocado en actos violentos en Francia y en Alemania. Pero ambos países han incumplido sus objetivos anuales en los dos últimos años, y con el planeta registrando en julio los días más calurosos de la historia, los activistas afirman que es necesario hacer más.
A finales de 2022, activistas climáticos ataviados con trajes blancos tipo Hazmat entraron de noche en una fábrica de cemento francesa propiedad de Lafarge Holcim. Cortaron conexiones eléctricas con tijeras industriales (cizallas) y destrozaron instalaciones con martillos, según un vídeo publicado por la red Les Soulevements de La Terre (SLT). Un portavoz declaró que el SLT apoyaba la acción, pero no la había organizado, y añadió que las personas detenidas desde entonces eran inocentes hasta que se demostrara su culpabilidad. En marzo, miembros del SLT se unieron a una protesta que pretendían inutilizar unos embalses de riego en construcción que bombearán aguas subterráneas para grandes explotaciones en un humedal de Deux-Sevres, en la región de Nouvelle Aquitaine, afectado por la sequía.
Unos 6.000 manifestantes fueron recibidos por 3.000 gendarmes antidisturbios, que dispararon más de 5.000 proyectiles de gas lacrimógeno en dos horas. En el caos resultaron heridos 200 manifestantes, dos de los cuales quedaron en coma y uno perdió un ojo. Cuarenta y siete agentes resultaron heridos y cuatro de sus vehículos quemados.
La violencia durante la protesta causó conmoción. Grupos de derechos humanos y manifestantes afirmaron que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la violencia y el Gobierno acusó a los activistas de acudir armados con bolos de acero y cócteles molotov listos para la lucha. El tema esta siendo investigado.
Julien Le Guet, conservacionista de humedales, organizador de la protesta del embalse no es miembro del grupo SLT, fue puesto bajo vigilancia policial por el Gobierno antes de la protesta de marzo, según declaró la oficina local del Ministerio del Interior a un periódico francés en enero. Según esta, la vigilancia se ordenó en virtud de las normas para prevenir "la violencia colectiva que pueda poner en grave peligro la paz pública".
Ese proceso está supervisado por la Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Inteligencia, y la vigilancia en tales casos debe ser autorizada por el primer ministro caso por caso, indicó la comisión a Reuters.
La oficina del primer ministro rechazó responder una petición para conocer su opinión. En una entrevista, Le Guet dijo que la vigilancia incluía un dispositivo de localización GPS colocado debajo de su coche y una cámara colocada para vigilar la casa de su padre. En la entrevista del periódico de enero, el Ministerio del Interior confirmó que se habían instalado ambos dispositivos.
Le Guet y otras seis personas deberán comparecer ante el tribunal en septiembre acusados de organizar protestas prohibidas, incluida la protesta de marzo. Le Guet afirmó que la acción directa estaba justificada porque otras formas de protesta no habían tenido éxito.
Dos fuentes de seguridad francesas dijeron a Reuters que había habido un aumento de activistas bajo vigilancia desde 2018, sin dar detalles. La policía y el Ministerio del Interior declinaron hacer comentarios. En una audiencia en el tribunal administrativo el martes en la que el SLT estaba argumentando una suspensión del decreto gubernamental que cerraba el grupo, el representante legal del Ministerio del Interior reconoció las medidas de vigilancia del gobierno contra los miembros del grupo. "Las personas que han afirmado formar parte de SLT han caído ipso facto en el ámbito de los servicios de inteligencia", declaró Pascale Leglise, añadiendo que "por supuesto, no todas las personas son objeto de una técnica de vigilancia".
