El sector representa el 26% de la matriz eléctrica y ofrece suculentos ingresos para los burócratas de turno
Con excepción de sus autores, solo unos pocos argentinos en su sano juicio leyeron el contenido Presupuesto 2024 de Argentina, luego de saber que se basó en proyecciones que lucen, cuanto menos, risueñas: una inflación del 70% para el año que viene, un dólar oficial de $367 para diciembre de este año y de $607 para fines de 2024.
Pero más allá de los desopilantes datos cuantitativos que contiene la pieza, hay al menos un dato inquietante: el Ejecutivo planea que la totalidad de la generación hidroeléctrica vuelva a al Estado, luego de permanecer los últimos 30 años afuera de su órbita.
El artículo 78, textual, no tiene desperdicio. Dice: “A la finalización de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional, la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por Energías Hidroeléctricas S.A.U. dependiente de Energía Argentina S.A. (EASA) con el objetivo de asegurar la plena operatividad de las centrales, la continuidad de los servicios y el correcto funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios”.
Significa que el Estado, con un pase de galera y bastón, pretende hacerse cargo de toda la operatoria de más de una cuarta parte de la generación eléctrica de Argentina, ya que solo la hidroelectricidad representa el 26% de la matriz eléctrica, en tanto que la energía térmica, adonde también el Estado participa significativamente, produce el 59% de la electricidad del país. En los hechos, las hidroeléctricas en Argentina ya estaban parcialmente estatizadas, porque sus precios los precios de la electricidad los fija el dedo de Cammesa, la empresa mayorista del sistema eléctrico. Esa compañía compra la electricidad, que luego circula a través de las distribuidoras. Pero, la dirección de las operaciones, están afuera de la órbita estatal.
De esta forma, no sólo se dispone la vuelta de las concesiones de las Centrales al Estado, sino que se establece la creación de una nueva empresa llamada Energías Hidroeléctricas S.A.U, que depende de Enarsa, que “podrá comercializar la energía eléctrica producida por éstas”, y la “realización de actividades complementarias que resulten necesarias tales como estudios, proyectos, construcciones, renovaciones y ampliaciones de los bienes revertidos al Estado Nacional”.
Las concesiones que vencen este año son Piedra del Águila, de un grupo de tradicionales empresarios argentinos, a través de Central Puerto; El Chocón y Arroyito, manejada por estado italiano a través de la firma ENEL Generación; Alicurá, explotada por la norteamericana AES Corp.; y, Planicie Banderita, manejado por el fondo norteamericano I Squared Capital (de varios ex Morgan Stanley) a través de Orazul Energy.
