Busca crear un mercado de bonos verdes como los existentes en los países desarrollados y adapta normas sobre ecología que resultaron ineficaces en la práctica
El primer proyecto ley enviado por Gobierno a la Cámara de Diputados prevé paladas de cal y de arena sobre diferentes normas en materia de conservación del medio ambiente y contaminación ambiental. Por el otro, establece que se creará un mercado de carbono en línea con los compromisos internacionales. Por un lado, propone la adaptación de diferentes normas ambientales que rigen, pero con poca utilidad en práctica, a través de tres leyes: la Ley de Quema, la Ley de Bosques y a la Ley de Glaciares.
En cuanto al mercado del carbono, el Poder Ejecutivo quedaría ampliamente facultado a crear permisos de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (llamados GEI) que, tal y como ocurre en los países desarrollados, para ser comercializados esencialmente entre quienes contaminan más o menos. Se trata de certificados o bonos que pueden comprar quienes contaminan en exceso, vendidos por firmas que logran contaminar menos de lo autorizado. Para que existan primeramente habrá que establecer topes de contaminación, lo cual sería una facultad discrecional del Ejecutivo. Esa es la palada de cal. Pero también, el proyecto establece paladas de arena a través de enmiendas a las leyes de Quemas, Bosques y Glaciares.
La primera es una agilización de la aplicación de la Ley de Quemas (Nro. 26.562) que prohíbe la quema de campos sin autorización de una autoridad competente. Hasta ahora, las autorizaciones podían tardar, tardar… dependiendo de “la cara del cliente” y de las ganas de trabajar del burócrata de turno. El proyecto establece que, una vez solicitado el permiso de quema, se lo considerará otorgado si la autoridad de aplicación no se expide en 30 días desde el día en que se pide el permiso.
La segunda enmienda se refiere a la Ley de Bosques vigente (Nro. 26.331). Lo más significativo de la iniciativa es la cuestión de los recursos. Actualmente el Gobierno estaba obligado a entregar anualmente unos 2.100 millones de dólares para financiar la iniciativa: el 0.3% del PBI (es decir unos 1.800 millones de dólares anuales) más el 2% de las retenciones (equivalente a otros 300 millones de dólares). En los 14 años de vigencia de la norma, todos los gobiernos (sin excepciones) la incumplieron. El dinero circuló, dependiendo de la discrecionalidad del político de turno sobre bases fácilmente imaginables. El proyecto transparenta esa práctica, al establecer que los fondos para la protección de bosques se otorgarán de manera discrecional por el gobierno de turno, y que se financiarán, como ocurre actualmente, a través de donaciones, préstamos de organismos internacionales y a la venta de terrenos vinculados al sector forestal. Por lo demás, como ocurre ahora, el Poder Ejecutivo queda facultado para autorizar proyectos forestales en zonas de bajo y medio valor de conservación, y sigue prohibida la tala en zonas de alto valor de conservación.
Finalmente, en cuanto a la Ley de Glaciares, de aprobarse la iniciativa el Gobierno quedaría facultado para habilitar actividades económicas próximas a los glaciares (en zonas llamadas “peri glaciar”). Se trata de una facultad que apunta a una Ley que no alcanzó hasta ahora para frenar desaprensiva actividad minera. Para cambiar el statu quo se requieren de leyes mineras que detengan a las corporaciones, porque la legislación actual, entrega el patrimonio, destruye territorios, desplaza poblaciones originarias, hace insostenible el futuro y sepulta a las economías regionales y el “buen vivir” elegido por las comunidades.
