Pretendía cerrar el organismo pero, por ahora prorrogó la intervención, como es una “tradición” en Argentina desde hace trece años.
Javier Milei designó a una ex policía metropolitana cargo del INADI. Lo hizo mediante el decreto 167/2024 publicado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La intervención de este organismo había sido dispuesta en junio de 2011 y prorrogada sucesivas veces. La interventora es María de los Angeles Quiroga (DNI 27.508.481). Hasta la llegada del gobierno actual en diciembre, su máxima autoridad era la interventora Greta Pena, abogada especializada en derechos humanos, y antes que ella la titular era la política Victoria Donda ahora subsecretaria en el gobierno bonaerense. Durante el gobierno de Alberto Fernandez funcionaba con unos 400 empleados y mas de 40 dependencias en todo el país.
La Ley Nº 24.515 se establece que el INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, La Xenofobia y El Racismo) tiene unos objetos rimbombantes. Creado durante la presidencia de Carlos Menem en 1994 sirve para: “elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria”. Más allá de los propósitos grandilocuentes, tiene como propósito hacer cumplir la ley anti discriminación votada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
A través de la fallida ley ómnibus, el Gobierno de Milei propuso al Congreso la eliminación del organismo impulsando la derogación de la ley que lo creó en julio de 1995. A través del artículo número 348 del apartado de Justicia de la denominada "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", el Gobierno expuso la derogación de la Ley 24.515 que tenía por objeto la creación INADI como entidad descentralizada y que durante la gestión pasada se ubicó bajo la órbita del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Pero como se sabe, escándalos mediante, la llamada “ley ómnibus” tuvo su revés en el Congreso ante la falta de poder de negociación del Gobierno. Por eso retornó a las comisiones de la Cámara de Diputados por pedido del bloque de La Libertad Avanza. Por eso en lo formal, se prorrogó por seis meses la intervención del organismo, algo que viene sucediendo desde 2011. Y, como segunda medida, designó a la ex policía metropolitana María de los Ángeles Quiroga a cargo del organismo.
