El Instituto será absorbido por el Ministerio de Justicia, pero quedará afuera la planta de militantes sobrealimentada durante el desgobierno de Alberto Fernández
El Gobierno de Argentina procederá al “cierre definitivo” del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dentro de una campaña para eliminar organismos que “no sirven para nada”. Suponen “grandes cajas de la política” o sólo sirven para “generar empleo militante”, de personas afines a la Administración de turno. Los entrecomillados pertenecen al portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su arenga del jueves pasado, quien recordó que existen “un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a cerrar o desmantelar, ya que nuestra prioridad es que el Estado debe achicarse para reducir el gasto público con el objetivo de bajar impuestos, que es otra de las metas de mayor relevancia del Gobierno”, declaró Adorni. Y recordó que el Gobierno anterior dejó una deuda de 3 billones de pesos (equivalentes a unos 3.500 millones de dólares) en contrataciones, según un examen realizado sobre 114 organismos. El “primero” de la lista será el INADI, con “400 empleados y decenas de oficinas”, subrayó.
La decisión gubernamental de cerrar el Instituto no es una novedad. El anuncio se había hecho a través de la fallida ley ómnibus. En el artículo número 348 del apartado de Justicia de la denominada "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", el Gobierno le pidió al Congreso la derogación de la Ley 24.515 de creación del INADI, que durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández se ubicó en la órbita del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lo destacable en este anuncio es la estrategia política oficial de profundizar la confrontación discursiva como característica de gestión. El resultado del anuncio fue inmediato, porque todos los políticos opositores deseosos de subirse al centro de la escena pública, junto a las organizaciones de LGTB+, salieron ayer a disputar el podio de la defensa al organismo. Entonces, la pregunta que sigue en pie (sin una respuesta única y seria) es el para qué llevar adelante un estilo de gobierno confrontativo e irritante que aumenta el voltaje de una discusión bizantina entre quienes militan de uno o del otro lado de las corrientes de pensamiento.
Respecto al cierre del Instituto, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dijo ayer en Salta que las funciones del Instituto serán absorbidas por el Ministerio a su cargo, porque el organismo “no cumple su función”. “Es una superpoblación de personal. 416 personas, son más que todo el personal de la Justicia de instrucción de la ciudad de Buenos Aires que investiga robos, homicidios y violaciones”. En este marco el ministro sostuvo que “está sobrecargado, sin funciones, con gastos y costos”. “La decisión del Presidente con fundamento es la adecuada. Se cierra”. “El personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo será transferido al Ministerio [de Justicia] donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad”. Agregó que “estoy tratando con el secretario de Educación (Carlos) Torrendel de que se incorpore en los planes de estudios, de las universidades y de los colegios, tres temas nuevos: discriminación, los temas de violencia que afecten derechos humanos y en tercer lugar a las víctimas". Y subrayó que el organismo se eliminará de acuerdo a los procedimientos contemplados en la ley.
